El proyecto oficial que permite los exámenes de ADN de inmigrantes será debatido en el Congreso la semana que viene. La reforma migratoria es una de las promesas de campaña del premier Nicolas Sarkozy. Socialistas, comunistas y defensores de derechos humanos se oponen a la medida. La situación en el resto de Europa. ¿Hasta dónde llegarán las tenazas para cerrar las compuertas de la inmigración? La mayoría conservadora que gobierna Francia ha dado esta semana un paso más hacia lo que muchos consideran como una xenofobia de Estado. La Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional francesa adoptó una enmienda que autoriza a las representaciones diplomáticas o consulares de Francia a someter a los candidatos a la inmigración a un examen genético ADN. La medida está dirigida a los familiares de los extranjeros que residen ya en Francia y que quieren reunirse con los suyos. El proyecto de enmienda que autoriza los test ADN figura dentro de la ley sobre la inmigración que los diputados examinarán la semana próxima. El texto abre las puertas para que los agentes consulares o diplomáticos que tengan dudas sobre la “autenticidad del acta de estado civil” propongan, a quien solicita una visa de más de tres meses, que éste realice un examen ADN para verificar así “la filiación biológica”. El gobierno busca con ello combatir el uso de documentos falsos por parte de las personas que quieren inmigrar y recurren a su derecho a unirse con sus familiares. La propuesta adoptada por la Comisión de Leyes de la Asamblea Nacional introduce un cambio fundamental ya que, hasta ahora, la ley sólo autorizaba los test ADN con fines médicos, científicos o en el marco de investigaciones judiciales. Sin reflexión ética alguna, la mayoría de derecha puso una piedra más en ese muro casi universal que los países occidentales están edificando para controlar los flujos migratorios. Thierry Mariani, el diputado del partido presidencial que propuso la enmienda, defendió su texto y dijo que “este procedimiento sólo se podría llevar a la práctica con la iniciativa del solicitante deseoso de probar su buena fe”. Según el diputado, este tipo de test ya es utilizado por once países europeos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos, el Partido Socialista, el Partido Comunista y varios diputados de la misma UMP pusieron en tela de juicio la pertinencia de la enmienda. Dos diputados UMP que votaron contra el texto se interrogaron sobre la dimensión de una práctica (los test) que sólo se utiliza en Francia en un contexto muy restringido. El proyecto de ley sobre la inmigración es uno de los grandes temas del inicio del mandato de Nicolas Sarkozy. La posición del mandatario en los temas inmigratorios ha sido uno de sus caballos de batalla más convincentes para ganar la presidencia. En esa corriente se inscribe la creación de un Ministerio de la Inmigración y la Identidad Nacional, cuyo titular es Brice Hortefeux.
La Liga Comunista Revolucionaria, la Liga de Derechos Humanos (LDH) y las asociaciones que defienden a los extranjeros reaccionaron con vigorosa indignación luego de que se aprobó la enmienda sobre los test ADN. En cuanto al primer secretario del PS, François Hollande, consideró que el recurso del ADN “plantea un problema de principio y de método”. En un comunicado conjunto, la Federación Internacional de Derechos Humanos y la LDH dijeron que “resentían la enmienda como una injuria a nuestra identidad humana”. Lo cierto es que esta metodología no es nueva en Europa: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Lituania, Noruega, Holanda, Gran Bretaña y Suecia ya la integraron en su batería de medidas contra la inmigración. El gobierno de Nicolas Sarkozy ha suscitado densas polémicas con sus iniciativas destinadas a luchas contra la inmigración. El miércoles pasado, el ministro de la Inmigración y de la Identidad Nacional, Brice Hortefeux amonestó verbalmente a unos veinte prefectos que no cumplieron con los objetivos de expulsión de indocumentados y les exigió “mejorar los resultados”. Esa política inmigratoria basada en la represión como estrategia para obtener cifras prolijas, es decir, un mayor número de expulsiones, da lugar a todo tipo de abusos ya que las autoridades policiales deben, como una empresa, llenar los cuadernos de cifras. Amnesty International criticó esa lógica de resultados e interpeló a los diputados que examinarán el proyecto de ley sobre la inmigración a que interpongan una “lógica de protección”.
Los diputados socialistas adelantaron que votarían contra el proyecto de ley sobre la inmigración. El portavoz del grupo parlamentario socialista, George-Pau Langevin, se preguntó qué ocurriría si “a alguien se le ocurre exigir esto mismo a los franceses”. La polémica inmigratoria en función de los rendimientos también ganó a ciertos sindicatos de la policía que objetaron la “presión” que recae en las espaldas de los funcionarios encargados de la inmigración. La semana que se inicia será antagónica. Los inmigrados estarán, una vez más, envueltos en una injusta culpa que los acecha.
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